LOS BUENOS DESEOS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LOS BUENOS DESEOS DE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PAUL JAUBERT LUENGAS
Abogado

El Heraldo de México
Jueves marzo 4, 2004

La semana pasada el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Acciones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2002-2006, con el que pretende reducir un quince por ciento anual el índice delictivo en la ciudad de México, “plan” que no es otra cosa que una manifestación de buenas intenciones, pues si bien dice que aumentarán en veinte por ciento las detenciones; las consignaciones sin detenido en otro tanto igual; y desmantelarán las más de cien bandas de delincuencia organizada que operan en el Distrito Federal, pero no dicen como lo van a lograr, convirtiéndose así en otra carta a los Reyes Magos.

La ambiciosa propuesta, pues no puede llamarse plan a algo que no planea como alcanzar sus metas, se concreta a decirnos qué es lo que quieren lograr, pero no dice cómo se va a lograr, concretándose a establecer cuotas que difícilmente se cumplirán sin que los agentes de la policía y del Ministerio Público incurran aun más en conductas arbitrarias e ilegales como tradicionalmente lo han hecho.

Efectivamente, el establecer ese tipo de cuotas para detenciones y consignaciones únicamente incrementa el número de detenciones ilegales y consignaciones defectuosas, pues no es posible “aumentar la producción” como si estuviéramos fabricando zapatos. El índice de eficiencia en esto no se puede cuantificar sino en cuanto a las consignaciones que concluyan con una sentencia condenatoria que ponga en prisión a los delincuentes, lo que obviamente se verá reflejado en una disminución en los indicadores de la delincuencia.

El proceso es simple. Si la policía hace bien su trabajo, independientemente del número de detenciones que logre realizar, el Ministerio Público tendrá mejores elementos para integrar su averiguación previa y así logrará una buena consignación que resista los embates de la defensa a través del proceso penal, logrando así concluir con una sentencia condenatoria.

El problema en México ha sido ése, buscamos cantidad olvidando la calidad, con los resultados que ahora padecemos. La delincuencia en el Distrito Federal, y en toda la República, ha incrementado pues los delincuentes saben perfectamente que las probabilidades de que los detengan son muy bajas; y en caso de ser detenidos es relativamente fácil que no sean condenados, pues si la averiguación previa no se encuentra mal integrada y la consignación es defectuosa, siempre hay forma de lograrlo.

Al exigir a la policía y al Ministerio Público que cubran cuotas, únicamente se fomenta el que hagan mal su trabajo, pues al exigírseles cantidad pierden de vista la calidad con que realizan su trabajo, y si a ello aunamos que la carga que de por sí tienen ya, sólo se les agobiará más, produciendo resultados negativos a lo que al final se pretende que es reducir la delincuencia.

Como ejemplo basta el caso que apareció publicado el veinticinco de febrero en EL HERALDO DE MÉXICO, de la injusta e ilegal detención y consignación de los jóvenes escritores Gerardo Sifuentes Marín y Epigmenio León Martínez, quienes fueron detenidos el doce de febrero por caminar por la colonia Roma con aliento alcohólico, y una vez en la delegación, los dos policías que los presentaron los remitieron al Ministerio Público aduciendo que habían sido detenidos robando unos espejos de automóvil. Sin más pruebas que la imputación de los policías, se les remitió al reclusorio norte en donde aún permanecen detenidos por el auto de formal prisión que les dictó la Juez Cuadragésima Segunda de lo Penal para el Distrito Federal. Es increíble que dos ciudadanos que claramente tienen un modo honesto de vivir, uno de ellos como becario del FONCA y el segundo de los nombrados como escritor y director de difusión de Tierra Adentro, se encuentren en el reclusorio por la imputación que les hicieron dos policías, de quienes todos dudamos que vivan de su trabajo honesto, corroborando así el cómo nuestras policías fabrican delitos para cumplir con sus cuotas de detenciones, pues quienes conocen a los intelectuales detenidos afirman que cualquiera de los dos es incapaz de tomar un desarmador, y en caso de que lo hicieran no saben cómo utilizarlo.

No es a través de la imposición de cuotas como se puede lograr mejorar a la policía y el Ministerio Público, sino capacitándolos para que realicen adecuadamente su trabajo. El pasado 29 de febrero, aproximadamente a las cinco y media de la tarde, presencié como, por un incidente de tránsito, un sujeto golpeó impunemente al chofer de un autobús ETN frente al agente de tránsito de Tlanepantla que conducía la motocicleta MT-04, de apellido Núñez (no puedo precisar más datos, pues desgraciadamente la motocicleta sólo tenía una placa y el agente vestía un uniforme deslavado en donde apenas se podía leer su apellido), sin que éste interviniera, siendo los pasajeros del autobús quienes tuvieron que evitar que la golpiza continuara.

Mientras continuemos con policías tan mal preparadas como las arriba expuestas, ningún plan como el que presentó Andrés Manuel López Obrador, suponemos que atendiendo a otra de las recomendaciones de Giuliani, pasará de ser un conjunto de buenos deseos, confirmando la ineficacia de tales recomendaciones.


- Esto lo puso el más Vega de los escritores a las 11:40:00 a.m.

 
REVISAN CASO DE JOVENES ESCRITORES ENCARCELADOS

Esto lo publica hoy Bernardo Fernández en su blog monorama.blogspot.com:

miércoles, marzo 03, 2004

Este es el segundo boletín de prensa emitido por los familiares de Gerardo Sifuentes y Epigmenio León:

REVISAN CASO DE JOVENES ESCRITORES ENCARCELADOS

• Buena disposición de autoridades competentes
• Cierra filas comunidad intelectual en apoyo a la familia de los reclusos
• Reprueban sistema de "incentivos" para policías por parte de la administración de Andrés Manuel López Obrador

A una semana de que una juez de distrito con sede en el Reclusorio Norte dictase auto de formal prisión en contra de los escritores Gerardo Sifuentes Marín y Epigmenio León Martínez, aprehendidos frente al domicilio del primero por el supuesto delito de robo de autopartes, sin que las pruebas de descargo fueran concluyentes, la comunidad intelectual ha cerrado filas en torno al caso y la parte acusadora revisa el expediente.

De acuerdo a los abogados de los hoy reclusos, el -caso de los dos jóvenes escritores, quienes cuentan con un amplio prestigio en el ámbito literario, ha sido atraído por la propia juez que emitió la orden de aprehensión, para hacer una revisión concienzuda de los folios, ya que de acuerdo con los litigantes, la averiguación previa registra inconsistencias de origen por parte de los primeros abogados que tomaron el caso.

El pasado 12 de febrero, Gerardo Sifuentes y Epigmenio León fueron detenidos por policías preventivos mientras transitaban por la calle Tehuantepec en la colonia Roma Sur, a escasos metros del domicilio de Sifuentes Marín, por encontrarlos sospechosos de un robo de espejos retrovisores, el cual se -había reportado minutos antes. Sin tener pruebas y sin testigos, los uniformados obligaron a los escritores a subir a la patrulla, para luego ser conducidos al Ministerio Público número 3 de la Delegación Cuauhtémoc.

Sin que tampoco el peritaje encontrara datos que los inculparan por el supuesto delito, los jóvenes escritores fueron trasladados varias horas después al Reclusorio Norte, donde una semana -después les fue dictado auto de formal prisión.

En estos momentos, y luego de poder integrar finalmente una sólida defensa, el caso es revisado y a saber de los abogados, se espera que a pesar de las irregularidades que se registraron de origen, el juicio podría tener un desenlace positivo ya que la disposición de las autoridades competentes, en este caso de la juez que revisa el proceso, ha sido determinante para encausar el expediente en un marco legal equitativo y apegado a Derecho.

En ese sentido, los familiares de Sifuentes Marín y León Martínez, tras agradecer el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad en general, expresaron que confían plenamente en las autoridades para que el caso se dirima conforme a Derecho y dentro de un marco constitucional.

Por otra parte, la comunidad intelectual ha cerrado filas al manifestar su solidaridad mediante desplegados, cartas de apoyo a las familias de los escritores y a través de la recolección de firmas, así como del acopio de recursos para solventar los gastos del litigio.

Sin embargo, no han sido pocos los llamados de alerta al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, por parte de éste y otros sectores de la sociedad civil, para que revisen el sistema de "incentivos" para los policías preventivos, a quienes se pretende compensar de su ínfimo salario con 2 mil 500 pesos por cada persona que presenten al Ministerio Público en calidad de detenido en flagrancia o -de presunto responsable.

Todo ello como parte de un programa en el que se han prefijado objetivos por parte de las autoridades en cuanto al número de averiguaciones previas que se integren antes de concluir la presente administración, cifras que buscan así contrarrestar el incremento de los índices de delincuencia en la capital del país.
Diversas voces han hecho ya hincapié de lo peligroso de esta medida, ya que se puede incurrir en diversas irregularidades e injusticias como las que saltan a la vista.

El 12 de febrero pasado, tal disposición ya cobró dos víctimas en las personas de sendos jóvenes que lejos de querer incurrir en prácticas adversas a la sociedad, han brindado a ésta su talento, el cual, en el caso de Sifuentes Marín, le ha valido ya diversos premios nacionales de literatura, dos obras publicadas y la beca del Programa de Jóvenes Creadores del Fonca.

Hasta aquí el boletín.

Les recuerdo que la situación de la lana es muy crítica, la familia tiene que estar yendo y viniendo de Puebla, se tienen que pagar abogados y dentro de la cárcel TODO cuesta. Si quieren apoyar económicamente a los Sifuentes y los León pueden depositar en la cuenta de ahorro Bancomer 1250578401 a nombre de Adriana Quijada Martín. Hasta hace unos días sólo habían depositado Mil doscientos varos.

Si quieren añadirse a las cartas de petición de libertad, por favor, contacten a Carlos Sierra en casierra@prodigy.net.mx.

Lo más seguro es que vaya a visitar a Gerardo al reclusorio la próxima semana. Si alguien quiere mandarle una carta de aliento, mándenla a mi mail (bef@besamemucho.com.mx) y yo se la entrego. Por favor, que no sea más de una cuartilla.

Así están las cosas. En espera de más noticias, me despido de todos.

Gracias,

Bef

- Esto lo puso el más Vega de los escritores a las 6:39:00 p.m.

 
Habla con la izquierda... pero pegan con la derecha

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De: Miguel Sarre
Fecha: Tue, 02 Mar 2004 21:50:04 -0600
Para: "Guillermo Vega Z."
Asunto: Re: Más información sobre el caso Sifuentes-León

Guillermo Vega:

Te remito artículo de tu servidor para agregarlo a lo escrito acerca del caso León y Sifuentes.

Atte.

Miguel Sarre
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Habla con la izquierda... pero pegan con la derecha

Milenio 198

Como hombre de izquierda
mi lucha es por la igualdad.
Andrés Manuel López Obrador,
el 26 de febrero de 2004.

por Miguel Sarre

No es audacia lo que le falta. La propuesta que ha hecho el jefe de gobierno del Distrito Federal para despenalizar los delitos de calumnia y difamación sería en verdad innovadora si resuelve con tino una cuestión jurídica fundamental. Pero acompañada de una política de seguridad pública que subordina los principios y límites básicos del ejercicio del poder a los resultados que dibujan las cifras, la propuesta, como cualquier otro paso en defensa de la libertad, se desdibuja.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado con mucha claridad lo que debemos hacer para que los funcionarios públicos estén efectivamente sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad: “Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.”

Si de proteger efectivamente la libertad de expresión se trata, la decisión de sacar del código penal figuras como la calumnia y la difamación en contra de los servidores públicos es sin duda una señal positiva y de vanguardia. El Código Penal en manos del poder político, como medio de defensa de los servidores públicos, es de suyo peligroso, pero es verdaderamente lesivo cuando es utilizado para coartar la libertad de expresión. Por eso es deseable que estos asuntos sean atendidos y ventilados por los jueces civiles y no por el Ministerio Público, no por el abogado del poder público.

Evidentemente, la calumnia y la difamación deberían permanecer tipificados en el Código Penal cuando se trate de expresiones dirigidas en contra de particulares. No hacerlo así implicaría ponerle precio al honor y a la buena fama de todos: “¿cuánto vale que diga lo que me ayudaría a liquidar a mi enemigo? Pues pago lo que sea con tal de hundirlo, que venga la sanción civil”. Los criterios económicos no deben prevalecer en materia penal, los efectos contraproducentes podrían dañarnos a todos: el abuso de la libertad podría provocar una reacción contraria, de censura y mordaza.

Un discurso de política criminal vanguardista sólo es loable si además de ponderar con sensatez sus alcances es congruente con otras medidas que definen el contexto institucional. Este no es el caso en el Distrito Federal. Las medidas policiales adoptadas desde el mismo gobierno son francamente reaccionarias. Las propuestas de libertad y justicia social suenan bien para prometer reivindicaciones desde la izquierda, pero para poco valen cuando se golpea con la derecha.

El “Plan de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobierno 2004-2006” que recientemente diera a conocer el Gobierno del Distrito Federal ejemplifica ese contraste entre intenciones sociales y resultados represivos. Para reducir la delincuencia en el Plan se asigna a la policía la tarea de detener y presentar a un mínimo de 22,000 personas ante el Ministerio Público, quien a su vez deberá obtener una sentencia condenatoria ¡en el 97% de los casos!

Un caso reciente ilustra muy bien los excesos que acompañan las metas que se ha propuesto el jefe de gobierno, aderezadas con un sistema de recompensas para los policías: los escritores Gerardo Sifuentes y Epigmenio León podrían pasar varios años en la cárcel después de haber sido acusados de robarse un par de espejos de automóvil. La sospecha está más que fundada; sí, la sospecha de la fabricación del delito. El populismo penal, aunado al sistema penal inquisitorio que impera en todo el país, no sólo incentiva la arbitrariedad, también aumenta la desconfianza en las autoridades.

El Plan es clasista porque omite los delitos más comunes entre las clases medias y altas, como los delitos de “cuello blanco”. No hay, valga la tautología, la consigna de consignar a un número determinado de defraudadores, ni a los responsables por peculado o desviación de recursos públicos, por no citar el tráfico de influencias. Pero eso sí, se propone aumentar en un 70% las consignaciones por robo. Definitivamente los juniors verdes, y de todos los colores, pueden estar tranquilos: no aparecen en el visor.

Cuando, el “impacto social” es utilizado como criterio para seleccionar a los “clientes” del sistema penal mediante el establecimiento de criterios al margen de los que ya establece el Código Penal –que califica la gravedad de los ilícitos– y los códigos de procedimientos penales –que obligan a perseguir todos los delitos– nos acercamos peligrosamente a la figura del linchamiento la cual no es más que la condena por aclamación pública. No podemos sustituir los aparatos de seguridad y justicia con el barómetro de la opinión pública. Si ya es grave gobernar con estadísticas, más lo es aplicar selectivamente la ley para construir ilusiones.


Retazo con hueso

Si la independencia es antes que nada un hábito intelectual y moral, la trayectoria de Gustavo Velásquez de la Fuente lo perfila como un candidato idóneo para el cargo de presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal. Espero no se repita el mismo error que cometió el PRD cuando rechazó, hace diez años, a un excelente candidato a ministro de la Suprema Corte, Salvador Guzmán Orozco. Él era, a mi juicio y desde la perspectiva de los derechos humanos, el mejor. Ahora es al revés: quienes son oposición en el Distrito Federal etiquetan a Velásquez como perredista. Por el bien de la transparencia, ¡que no ganen los prejuicios!

sarre@itam.mx




- Esto lo puso el más Vega de los escritores a las 10:27:00 p.m.